"Gatillo Fácil" es el nombre utilizado comúnmente en Argentina en hechos de abuso de poder en el uso de armas de fuego por parte de la policía, o por extensión el abuso de autoridad en general. Estos casos suelen alcanzar relevancia mediática ya que se suele tratar de casos en los que se violan los derechos civiles o el procedimiento establecido para la situación en particular, generalmente el empleo de fuerza letal en una situación que no lo justificara.
Casos de repercusión mediática:
Claudio Pocho Lepratti: fue un militante social rosarino asesinado en medio de una represión llevada a cabo por la policía de la provincia de Santa Fe. Lepratti subió al techo para defender a los menores que en su interior se encontraban comiendo. El uniformado Esteban Velásquez hizo fuego con su escopeta Itaka, con balas de plomo acertándole una de ellas en la tráquea, lo que motivó su procesamiento y posterior condena a 14 años de prisión por el juez de Sentencia Nº3, Ernesto Genesio, con el cargo de homicidio agravado por el uso de arma. Además tanto Velásquez como la provincia de Santa Fe fueron condenados a resarcir económicamente a los familiares de la víctima por los daños y perjuicios causados. No hubo responsables políticos, ni de los altos mandos de la policía.[
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán: Piqueteros que murieron a manos de la policía bonaerense en el 2002, en una manifestación bajo el lema de “equidad y trabajo”. Se hizo justicia por los asesinatos recién en marzo de 2009, fue condenado a perpetua el policía autor material, y a prisión a cuatro policías por encubrimiento. No hubo responsables políticos, ni de los altos mandos de la policía.[
Carlos Fuentealba: fue un docente y activista sindical argentino muerto por la Policía Provincial durante un operativo que buscaba impedir el corte de una ruta en la provincia de Neuquén.
Poblete autor material fue procesado imputándole el juez el delito de homicidio calificado.[ ]Esta causa es llamada "Fuentealba I", e investiga la autoría material del asesinato. Se abrió otra causa judicial, llamada "Fuentealba II", que investiga responsabilidades en niveles superiores de la jerarquía policial y al entonces subsecretario de seguridad. No hubo responsables políticos, ni de los altos mandos de la policía.[
La política del “gatillo fácil”La impunidad ha facilitado que las fuerzas de seguridad argentina tiren a matar a los que sospechan como delincuentes, por lo general jóvenes, de piel más oscura, con vestimenta sencilla y de condición pobre. Si bien muchos de los asesinos han sido juzgados y condenados, la corporación policial logró en muchas oportunidades “salvar” a sus miembros de la cárcel. Son decenas las víctimas en todo el país de esta violencia policial, pero la mayoría ha caído bajo las balas de la policía Bonaerense, que corresponde a la provincia de Buenos Aires, y cuya conducta agresiva hacia la población en general ha sido denunciada en muchas oportunidades por los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales.
ENTREVISTA:
Sergio Smietniansky y Mariana Lisi, integrantes de la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional), organización que se constituyó en mayo de 1992, con la confluencia de militantes del campo popular, entre ellos algunos abogados, y familiares de víctimas de la represión policial.
“El gatillo fácil lo que viene a destruirles es el sueño ochentista del "Nunca Más", que se derrumba al muy poco tiempo porque en la Argentina se sigue torturando, se sigue asesinando y reprimiendo, con la intensidad acorde a las nuevas características, pero sigue siendo una cuestión absolutamente sistemática. Eso quiere decir que detrás del policía que aprieta el gatillo hay un crimen de Estado porque hay toda una estructura del Estado que va a intentar garantizar esa impunidad”.
“Así como la represión y la dictadura tuvieron una dirección que fue hacia todas aquellas organizaciones, compañeros que luchaban en contra el sistema y la dictadura, con el advenimiento de este período institucional esa represión va a ser direccionada hacia los pobres. La mano de obra excluida es vida descartable y, por ende, para el sistema esas vidas no valen nada. Esa es la lógica del gatillo fácil: Es un aniquilamiento de clase. Cuando miramos los listados de las víctimas del gatillo fácil, vamos a encontrar una lógica que se va reiterar en un 99 por ciento de los casos: estamos hablando de víctimas pobres y jóvenes”.
“También está este intento de plantear que ser joven y pobre implica ser un presunto delincuente. Es una concepción que se implantó socialmente y sigue absolutamente arraigada. En ese momento se daba esa lógica que hemos visto en la dictadura: "Por algo será", "En algo andarán".
“Decimos que el rol de las policías es ejercer el control social. Pero además decimos que el rol que ellos alegan que cumplen, que es el de garantizar la seguridad, es tan falso que son la asociación ilícita más grande de este país. Afirmamos que el negocio del narcotráfico, del robo automotor, la explotación de mujeres en estado de prostitución está vinculado a la policía. Y, por supuesto que si hacemos el ejercicio mental de buscar un solo caso de secuestro extorsivo donde no esté vinculada la policía, nos vamos a dar cuenta que si sumamos todos los casos, no encontramos uno solo. Eso también tiene que ver con las consecuencias de la dictadura. Ni siquiera estamos diciendo que es mano de obra que viene de esa época sino que estamos hablando de una institución cuya lógica represiva la lleva a que se reproduzcan todos los métodos represivos. Lo que se ve bajo este gobierno autoproclamado de los Derechos Humanos, si tomamos las estadísticas de muertes en las cárceles, es un aniquilamiento sistemático de personas. El gatillo fácil no ha bajado sus índices ni ha sido modificado por ninguno de estos gobiernos”.
“Detrás del gatillo fácil, lo que viene es la absolución fácil. Por eso decimos que cuando hablamos de gatillo fácil estamos hablando de un crimen de Estado. El tipo que aprieta el gatillo sabe que tiene toda una estructura, que incluye al poder judicial, que va intentar garantizarle la impunidad. Si uno mira las estadísticas de casos de gatillo fácil y la estadística de policías detenidos por esos casos, nos vamos a dar cuenta de que los índices que manejamos con los genocidas son parecidos. La mayoría de los represores están impunes, en libertad y, en el caso de gatillo fácil, en actividad. La lógica del enfrentamiento está absolutamente institucionalizada. Para que haya impunidad, necesariamente tiene que haber represión. De hecho, la impunidad es la consecuencia de la represión y son dos caras de una misma moneda. Forman parte de las políticas sistémicas del estado y los diferentes gobiernos- con sus diferentes matices- las han venido sosteniendo”.
“Este gobierno intenta lograr el mayor consenso posible con toda la represión necesaria. La idea es la cortina de humo pero si un conflicto social se intensifica y no lo puede resolver mediante la cooptación, la respuesta inmediata es la represión. Otra característica particular del gobierno de los kirchnner es la utilización de patotas que se usan para romper huelgas o reprimir conflictos de manera "paraestatal". Es una lógica que se profundizó con estos gobiernos. La ley antiterrorista es un instrumento represivo digitado por Estados Unidos y que este gobierno sancionó y que apunta a reproducir el derecho penal del enemigo. Es decir, todos aquellos que somos opositores a este gobierno podemos ser tildados de terroristas si nos atenemos a lo que dice la ley”.
“Cuando hablan de pena de muerte, siempre la relacionan a delitos cometidos por los pobres, siempre se seleccionan con una lógica de clase los delitos que deberían merecer la pena de muerte. Siempre se la relaciona con el "pibe chorro" que se afanó la 4x4, pero nunca para los grandes crímenes que se cometen en nuestro país. Siempre se utilizan este tipo de discursos y movidas políticas para avalar la intensificación de las políticas de mano dura, represión y criminalización de la pobreza y de la protesta. Es decir, quienes insertan ese debate, no necesariamente apuntan a que se instale la pena de muerte en términos legales, ya que nuestro ordenamiento jurídico lo impide, pero mediante ese discurso se sigue avalando la otra pena de muerte, la que se aplica sistémicamente en nuestro país, que es ni mas ni menos que el gatillo fácil”.
LOS ENFRENTAMIENTOS. LA VERSION POLICIAL
Con la expresión “gatillo fácil” se denominan habitualmente las ejecuciones sumarísimas de las personas, sin ningún tipo de proceso previo, que configuran la aplicación por parte de la policía de una verdadera pena de muerte extra-legal. Se trata de “seudo enfrentamientos” en los que se pueden distinguir dos etapas sucesivas en la perpetración del delito: el fusilamiento propiamente dicho y el posterior encubrimiento
Se construye así, como verdad jurídica, una primera versión de la realidad donde el policía se erige en figura casi heroica en resguardo de la ley y el orden, aún a costa de su vida y el otro, el muerto, en un sujeto peligroso a quien era inevitable dar muerte.
“Una de las condiciones de posibilidad para que eso suceda de esa manera es que la policía tenga la atribución de intervenir antes de que ocurran los hechos. A diferencia del saber jurídico, que actúa sobre lo que sucedió, a partir de la interpretación de las pruebas incorporadas a la causa, el saber policial es un saber prospectivo: actúa sobre lo que va a suceder. Esto es, se trata de un saber que construye hipótesis sobre los hechos futuros y, en virtud del poder que le es atribuido por el Estado, opera sobre las posibles condiciones para que esos hechos sucedan”.
Así llega, de forma inmediata a la ocurrencia del hecho, esta primera verdad a los tribunales. El fiscal o, en su caso, el Juez, según los diferentes ordenamientos procesales que rigen en la jurisdicción de ocurrencia de los acontecimientos, reciben esta primera versión de la realidad a la cual, en la mayoría de los casos, adhieren.
Consecuentemente, el expediente judicial primicia con una carátula esquizofrénica conforme la cual tenemos un muerto a investigar, como “imputado” y es su matador el que figura en el casillero de VICTIMA O DENUNCIANTE; en efecto, hay una muerte, pero no es el policía quien está imputado por esa muerte, se sabe ciertamente que él la ha provocado, pero no es contra él que se dirige la pesquisa, la averiguación sobre el homicidio y sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su ocurrencia así como sobre los atenuantes o agravantes de su conducta o, en caso de proceder, sobre su posible justificación.
2600 causas por muertes con riesgo de prescribir:
Son causas que no tienen repercusión pública. En algunas, los testigos no aparecen o tienen miedo de hablar. En otras, los jueces no mueven los expedientes, los policías no investigan o incluso arman falsos procedimientos. Esos mecanismos se repiten y los casos se acumulan en los juzgados y el paso del tiempo provoca olvido e impunidad. En este momento, en todo el país hay al menos 2.600 causas por muertes, que corren riesgo cierto de prescribir. Y la mayoría son por crímenes.
Corrupción en la justicia diario La Nación:
El Consejo de la Magistratura tiene causas abiertas contra el 23 por ciento de los jueces nacionales, unos 203, por presuntos errores o hechos de corrupción. Son 244 expedientes en trámite, por acusaciones como dejar prescribir delitos, desobedecer a superiores, cobrar sobornos e incluso por beneficiar a ex-represores en casos de derechos humanos.
Palabras de Carlos Ruckauf como gobernador de Buenos Aires entre 1999-2002:
Carlos Ruckauf confirmó su intención de seguir con la política de “mano dura dentro de la ley”, al sostener que “el incremento de los delincuentes detenidos y muertos en enfrentamientos es una demostración de que las fuerzas de la ley están trabajando en forma más compacta, aunque solamente con estos datos no me alcanza”, sostuvo. Y de inmediato agregó: “Quiero más lucha contra el delito, porque todavía no se ha bajado suficientemente la problemática de la inseguridad, por lo que seguiremos en ese camino”.
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