La situación en la Argentina
Argentina no es un productor de droga o de transferencia mayor en comparación
con otros países de América Latina. Sin embargo, enfrenta un problema con las
drogas, en lo que se refiere al uso doméstico, al tránsito por su territorio (y su
eventual utilización como santuario), a la producción a partir de la pasta base y al
lavado de dinero.
En primer lugar, el tráfico de drogas se habría incrementado en los últimos años,
aunque es imposible estimar el volumen de la droga circulante con precisión. Sí se puede señalar que en Argentina las estadísticas referentes a los volúmenes de
drogas incautadas y los narcotraficantes detenidos por parte de las fuerzas de
seguridad, han aumentado en los últimos años.
Por ejemplo, a comienzos del 2005 conmocionó a la opinión pública el caso
Southern Winds, por el cual algunos empleados de la empresa habrían, con la
aparente complicidad o negligencia de las autoridades de la misma156 y de la
Policía Aeronáutica Militar (PAM), traficado droga hacia España. Ese cargamento
no habría sido el primero. Tal fue el impacto mediático que el Gobierno decidió
disolver la PAM y crear la Policía Aeroportuaria Nacional en el ámbito de la
Secretaría de Seguridad Interior bajo el mando de un funcionario civil. A la
fecha el juez de la causa fue desplazado por la Cámara por no investigar
aquellas pistas que conducían más allá de las “mulas”.
En cuanto al marco institucional, vale destacar que la Argentina no sólo adhirió a
la Convención de las Naciones Unidas de 1988, sino que ya había suscripto
también a la Convención de 1961 y su protocolo de 1972 y la Convención de
sustancias psicotrópicas de 1971. Así, en 1989 el Congreso aprobó una Ley Nº
23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, de acuerdo a las pautas
establecidas en Viena el año anterior, Sin embargo el mismo fue vetado
parcialmente por el Presidente Menem. Específicamente aquellos artículos de la
ley referidos al lavado de dinero. También, en 1991 se puso en marcha el Plan
Nacional Contra el Tráfico Ilicito de Drogas y en Junio de 1996, el Presidente firmó
un Decreto por el cual se establece un nuevo Plan Federal, el mismo diseñado
para coordinar los esfuerzos antinarcóticos del gobierno federal y los gobiernos
provinciales.
Asimismo, participa activamente de organizaciones multilaterales antinarcóticos.
Es miembro de la OAS Interamerican Drug Abuse Control Comisión (CICAD), de
la International Drug Enforcement Conference (IDEC), y de la UNDCP. También
es uno de los signatarios del memorando de entendimiento con la UNDCP, junto a
Bolivia, Chile y Perú, cuyo propósito es desarrollar un Programa de Control de
Drogas Subregional. En este marco, Argentina ha organizado en su territorio
muchos de los encuentros de estas organizaciones.
Durante los primeros días del gobierno de Carlos Menem, el Poder Ejecutivo
sancionó el Decreto Nº 471/89, por el cual se organiza la Secretaría de
Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), modificando a tal efecto los
Decretos 528/88, 833/88 y 300/89. En el Artículo 1º se establece que dicha
Secretaría estará ubicada orgánicamente en la órbita de la Presidencia de la
Nación y que de acuerdo a su artículo 2º, su función será la de asistir al
Presidente en todo lo atinente a la programación de la fiscalización, el control y la
legislación de la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas,
estupefacientes y psicotrópicos y en la coordinación de las políticas nacionales y
su relación con la política exterior en la materia. Por último, en su Artículo 3º se
determina que dicha Secretaría contará con el personal permanente y transitorio
que hasta ese momento reportaba en la Comisión Nacional Coordinadora para el
Control del Narcotrafico y el Abuso de Drogas.
También se ha seguido la política norteamericana de sancionar a los
eslabones más bajos de la cadena: el adicto. Mientras que hasta el año 1989 la
Corte Suprema de Justicia no consideraba delito la tenencia de drogas para el
consumo personal, la jurisprudencia cambio con la nueva Corte ampliada.
Asimismo, con la sanción de la Ley Nº 23.737, si bien se prevé que los Jueces
puedan someter a un adicto a tratamiento, también establece la pena de un mes a
dos años de prisión “cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias,
sugiere inequivocadamente que la tenencia es para uso personal”.
Por ello no debe extrañarnos que el 65% de los casos que llegan a la
Justicia Federal correspondan únicamente a casos de menor envergadura.
Esto no se debe sólo a la posible corrupción de las fuerzas federales y
provinciales o la ineficacia del Poder Judicial en la Argentina, sino que también
hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley Nº 23.737, cuando se puso el
eje del problema en la persecución de la demanda, es decir, los adictos.
Todo el esfuerzo legislativo y de represión ha sido puesto en los últimos
años en los eslabones más bajos de la cadena de comercialización.
Frente a esta situación, cabe preguntarnos en primer lugar, si al transferir estos
casos a las justicias provinciales, se logrará una mejor eficacia y eficiencia en el
fuero federal en la persecución del narcotráfico, es decir, de las grandes bandas y
no sólo de las mulas. En segundo lugar, es importante analizar qué pasará en las
órbitas provinciales con estos casos. Si el Sistema de Seguridad y Justicia en la
Provincia de Buenos Aires – que es la principal impulsora de este proyecto –
estará en condiciones de procesar este input, este trabajo, adicional. Asimismo,
esta respuesta no ha impedido que el consumo de drogas continúe en ascenso.
¿Existen para Latinoamérica opciones frente a este enfoque?
La primera es que nuestros países deben lograr cambiar el enfoque unilateral por
uno multilateral, en donde tanto los países productores como los consumidores
puedan discutir una nueva política en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Se
debe tener presente que en un adicto, su conducta es la adictiva, más allá de
una droga en particular (alcohol, marihuana, cocaína, tabaco, etc.), y que por
lo tanto, no alcanza con leyes severas contra el lavado de dinero, contra los
narcotraficantes o en términos de un mayor control de los productos
químicos necesarios para producir la droga, si no que por el contrario, el
enfoque debe ser multidisciplinario, atendiendo al adicto como un enfermo y
no como un delincuente. Por otro lado, en tanto Europa y EE.UU. no dejen de
subsidiar sus productos agrícolas, la erradicación de la hoja de coca y la
sustitución de cultivos, se convierte en una panacea para los pueblos que la
producen para poder subsistir, porque no tendrían la posibilidad de trabajar y
vender en forma razonable los productos legales.
En segundo lugar, debe intensificarse la integración regional, institucionalizar el
proceso de integración regional, avanzar en la constitución de una Corte Suprema
de Justicia regional, contar con una legislación penal común (de lavado de dinero,
de lucha contra el narcotráfico y otros delitos), establecer estrategias conjuntas
entre las policías y las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico y otros
delitos, establecer mecanismos de intercambio de información y un sistema de
defensa colectivo regional. Estas medidas no sólo permitirán luchar eficazmente
contra el narcotráfico, sino que posibilitará también, la prosecución de políticas
activas para el logro de mayores niveles de igualdad-equidad e inclusión, que le
permitan a nuestros países avanzar hacia un desarrollo sustentable y a una mejor
calidad de vida para nuestros pueblos.
En tercer lugar, como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la intervención directa
de las Fuerzas Armadas, no sólo no solucionará el problema sino que sin duda lo
agravará, corrompiendo las instituciones, como es el caso en otros países del
continente. Como ya dijimos, la solución debe ser integral y multidisciplinaria,
atendiendo por un lado, al tratamiento y a la prevención y por el otro, a la mejora
de las normas legales y del sistema judicial; las cuales deben estar dirigidas a
perseguir y penar al traficante y no al adicto. En este sentido, el rol de las Fuerzas
Armadas debe limitarse a prestar apoyo logístico a las fuerzas policiales y de
seguridad, tal como prevén las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Asimismo,
debe avanzarse con el proyecto de radarización del país para la detección de
vuelos ilegales, no sólo del narcotráfico, sino también del contrabando. A su vez
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se debe poner énfasis en la mejora de la capacidad de la Armada para la
detección de buques ilegales en nuestros mares. Es necesario mejorar la
legislación, aunque ello no implique modificar las leyes de defensa y seguridad
interior.
Finalmente, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo en Argentina un problema
de la seguridad interior. Por lo tanto, debe intensificarse el esfuerzo de policía y la
eficiencia en la lucha contra este problema. Pero también es importante avanzar
en políticas de prevención primaria dirigidas a los grupos de riesgo, como así
también, al desarrollo de planes de tratamiento del adicto. Paralelamente sería
importante que la sociedad, los actores políticos y los sociales, intensifiquen el
debate sobre si la penalización del adicto es la respuesta más eficaz en la lucha
contra el narcotráfico.
La problemática del narcotráfico en la Argentina
Por Marcelo Fabián Sain (*)
La situación del narcotráfico en la Argentina se enmarca en un contexto internacional que debe ser tenido en cuenta. No estaríamos indicando nada novedoso si dijéramos que el narcotráfico constituye una de las problemática criminales más complejas e intrincadas en el mundo moderno.
Durante las últimas décadas, el crecimiento y la diversificación de la producción, el tráfico, la comercialización y el consumo de drogas ilegales han sido significativos, y ello ha dado cuenta de las limitaciones y deficiencias de las estrategias de control inauguradas en los años ’70 y profundizadas en los ’80 y ’90.
El discurso belicista tan en boga en el ámbito internacional en cuyo marco el control del narcotráfico es abordado como una “guerra contra las drogas” encubre el fracaso de las políticas prohibicionistas.
Los acuerdos internacionales para el control de drogas están basados en esta impronta claramente malograda. Durante las últimas décadas, bajo esta égida guerrera se ha incrementado sensiblemente la población de consumidores de todo tipo de drogas prohibidas; se ha multiplicado la producción mundial de drogas ilegales así como la calidad de las diversas sustancias; se han estructurado una infinidad de mercados altamente estratificados por tipo y calidad de producto, por precio y por capacidad adquisitiva; se han diversificado las modalidades y los canales de tráfico y tránsito internacional de drogas prohibidas; se han extendido y dinamizado los grupos organizados delictivos abocados al negocio del narcotráfico; se han incrementado los márgenes de rentabilidad y de beneficios brutos y netos de estos grupos; se han extendido sin miramientos los circuitos de lavado de dinero y de uso de los fondos provenientes del narcotráfico en actividades legales e ilegales; se ha extendido la corrupción política, judicial y/o policial vinculada al negocio del narcotráfico; se han profundizado los anacronismos y las deficiencias de las instituciones policiales ante la complejidad y el dinamismo del accionar de los grupos narcotraficantes.
En definitiva, la guerra y la criminalización ilimitada han generado un negocio fabuloso y le dan sustento a una de las empresas criminales más desarrollada del mundo moderno.
Todo esto, además, ocurre en un contexto en el que el discurso belicista ha postulado como objetivo estratégico la derrota total del narcotráfico traducido en la desarticulación de mercados, consumidores, grupos delictivos y la desaparición de las sustancias. A eso, pues, le llamo fracaso.
Esta evidencia reclama una nueva mirada tanto global como específica que debe tener visos de innovación. Pero ello debe partir de una consideración fundamental: el crecimiento y la complejización del narcotráfico a nivel global ha estado básicamente determinado por la fabulosa demanda de drogas ilegales que se sostiene y amplía continuamente en los países centrales de mayor desarrollo económico, en particular, aquellos países del mundo occidental en cuya sociedades se han estructurados mercados de consumo minorista cada vez más extensos y diferenciados.
Sería una falacia insostenible afirmar que la oferta determina la demanda porque ello conduciría a “fetichizar” a la sustancia, a darle vida y a creer que ella, por sí mismo, crea las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas para su consumo.
De la única manera que los países periféricos en los que se producen y por los que se trafican algunas de las drogas ilegales ampliamente consumidas en los países centrales tengan un concernimiento responsable en el esfuerzo internacional tendiente a conjurar el narcotráfico es que se reconozca que en el plano internacional existen responsabilidades compartidas.
Los países del Cono Sur constituyen corredores de tránsito internacional de drogas ilegales. Así fue señalado por los principales organismos multilaterales especializados en la materia y por los gobierno de la región.
No obstante, en los últimos tiempos, en estos países se han desarrollado nuevas tendencias dadas por el crecimiento del consumo y la articulación de mercados minoristas inexistentes hasta entonces; el aumento del contrabando de precursores químicos -en particular, en aquellos países como la Argentina que cuentan con una industria farmacéutica y química desarrollada-; y la conformación de ciertos circuitos y plazas auspiciosas para el lavado de dinero sucio.
Ello, en alguna medida, ha estado apuntalado por el crecimiento relativo de la mayoría de nuestras economías pero también por algunas deficiencias institucionales que deben ser abordadas sin tapujos. El 11 de junio del año pasado, el Doctor Aníbal Fernández, actual Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos sostuvo apropiadamente que “en la Argentina, las políticas estatales [contra el narcotráfico] han sido de corte netamente represivo, han estado desprovistas de coordinación interjurisdiccional y han sido erráticas, encaminando sus esfuerzos en perseguir al consumidor”, todo lo cual ha desembocado, según sus propias palabras, en “un total y rotundo fracaso, toda vez que los procedimientos son cada vez mayores pero las cárceles están llenas de adictos o pequeños comerciantes”.
Ello ha sido así. En efecto, en la Argentina, la ausencia de políticas integrales en materia de control del narcotráfico ha respondido a ciertas deficiencias significativas cuya superación requiere de un conjunto de acciones institucionales básicas.
En primer lugar, resulta indispensable el desarrollo de un cuadro de situación actualizado e integral del narcotráfico en el país, en todo lo atinente al tráfico, tránsito, comercialización y consumo de drogas ilegales así como a la producción y comercialización de precursores químicos y al lavado de dinero.
Dicho diagnóstico situacional debería desarrollarse en dos niveles en función de dos objetivos fundamentales.
En el plano estratégico, a los efectos de dar cuenta de las problemáticas fenomenológicas del narcotráfico en función de la formulación de las políticas estatales de control de drogas ilegales.
Y en el plano táctico, a los efectos de dar cuenta de las actividades y acciones concretas del narcotráfico así como de los grupos y redes narcotraficantes en función de una respuesta policial.
La experiencia regional nos indica que aquellos países que no tiene la capacidad de construir un diagnóstico situacional apropiado acerca de la situación del narcotráfico quedan a expensas de que dicho cuadro de situación sea realizado e impuesto por las agencias policiales y de investigación de los países dominantes de la región, siempre de acuerdo con sus perspectivas y con sus intereses, los que no siempre son convergentes con los nuestros.
Pero para ello se debe abandonar la tendencia política a negar u ocultar la problemática del narcotráfico bajo la perspectiva de que el reconocimiento público de su existencia y de su crecimiento coloca a los gobernantes en el banquillo de los responsables directos de dicha situación.
En consecuencia, las problemáticas del narcotráfico deben ser incorporadas en la agenda gubernamental de seguridad pública como un asunto prioritario pero siempre a partir de un cuadro de situación autónomamente definido conforme las perspectivas e intereses nacionales.
En segundo término, parece necesaria la creación de una dependencia superior del gobierno que concentre las responsabilidades de formulación de las políticas y estrategias de control de drogas ilegales y las de conducción del sistema institucional encargado de su implementación, especialmente, en materia de seguridad pública e intervención policial. Ello, a su vez, debería ir acompañado necesariamente de la actualización y modernización de las bases legales y normativas del sector así como de la conformación de un servicio civil especializado en el control del narcotráfico.
Como cualquier otro aspecto de la seguridad pública, las estrategias de control del narcotráfico no constituyen un asunto exclusiva ni predominantemente policial sino que configuran una cuestión política que debe ser definida, abordada y formulada por las autoridades gubernamentales.
Sin embargo, la reversión de la tradicional tendencia política a delegar la elaboración y ejecución de las acciones de control del narcotráfico en las agencias policiales hace imprescindible la ampliación de la capacidad de gestión gubernamental en el sector.
Es en función de ello que adquiere relevancia la creación de una dependencia de gobierno especializada que sirva de instancia de conducción del sistema institucional y policial abocado a este conjunto de labores institucionales en nuestro país.
Finalmente, es indispensable emprender un profundo proceso de modernización policial tendiente a superar dos defectos que cercenan un accionar policial eficiente en la materia.
Por un lado, el pronunciado anacronismo y desactualización orgánica, funcional y doctrinal de las instituciones policiales frente al aumento y la complejización del narcotráfico.
Y, por el otro lado, la existencia de bolsones de corrupción policial volcados a la regulación y protección de actividades delictivas de altísima rentabilidad económica, entre ellas, del narcotráfico.
Nuestro país no cuenta con un dispositivo policial unificado y especializado en el control del narcotráfico, lo que, entre otras cosas, ha dado lugar –al menos en el ámbito federal- a una pronunciada fragmentación institucional cuya expresión más elocuente ha estado dada por la autonomía con que cada institución policial ha formulado e implementado sus propias estrategias y acciones de lucha contra esta problemática criminal.
Habría que evaluar seriamente y sin mezquindades organizacionales si no llegó la hora de conformar una Agencia Federal de Seguridad Compleja abocada a conjurar determinadas modalidades de la criminalidad organizada, entre ellas, el narcotráfico. Dicha agencia conformaría un sistema integrado de conducción superior, de inteligencia criminal, de despliegue y labor operacional y de desarrollo táctico integrado del sistema policial dedicado al seguimiento de este conjunto de problemáticas.
Asimismo, no debería perderse de vista que la modernización institucional propuesta requiere de inversión pública destinada a afrontar los gastos que demanden la infraestructura policial adecuada, la formación y capacitación especializada del personal policial y el mejoramiento salarial del mismo.
No se puede hacer frente eficientemente a la criminalidad de alta rentabilidad económica con instituciones policiales pobres, dotadas de presupuestos insuficientes que favorezcan el financiamiento ilegal de las mismas mediante la estructuración de mecanismos de recaudación ilegal de fondos.
Ello abre la puerta para que las poderosas organizaciones criminales que están detrás de los negocios de referencia consigan controlar por medio de su fabulosa capacidad corruptiva a sectores o grupos policiales abocados a su control y desarticulación.
En fin, se trata de ir adecuando el andamiaje institucional tanto político como policial a los nuevos desafíos que se imponen en un tema tan sensible. Ello reclama abandonar la tradicional indiferencia política ante el tema y apropiarse de una problemática que ha sido históricamente gestionada por las instituciones policiales sin los resultados auspiciosos que todos esperamos.
Transcripción de la presentación de Marcelo Fabián Sain, en ese momento Jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina, en el Seminario sobre el Tráfico Ilícito de Drogas en Aeropuertos, realizado en Buenos Aires.
Fuente: http://forodeseguridad.com/artic/discipl/4161.htm
Sobre la radarización de la franja norte de la República Argentina, se ha hecho lo que venimos exigiendo desde hace cinco años: agradecemos el esfuerzo realizado sobre el final del actual mandato de nuestra primer mandataria, pero hay temas que siguen sin poder soslayarse.
El impedimento que acusa la Fuerza Aérea Argentina a la hora de controlar el cielo del país no parece un yerro que traerá como consecuencia el fracaso rotundo en la lucha contra los mercaderes de la muerte. Arturo Puricelli -Ministro de Defensa de la Nación-, en declaraciones a Radio 10, nos informa que no entiende como invasión el ingreso de aeronaves del narcotráfico que ingresan al territorio nacional ilegalmente y sin ruta de vuelo.
Para que se comprenda, de acuerdo a la Ley de Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas de la República Argentina solo pueden actuar en caso de invasión territorial. El impedimento explícito del Gobierno Nacional frente a la actuación que debería observar la Fuerza Aérea en caso de invasión de nuestro espacio aéreo refiere que, para Puricelli en particular y el gobierno en general, los narcotraficantes no violan nuestra seguridad territorial ni nuestra soberanía.
La recomendación que hacemos desde la Asociación Antidrogas de la República Argentina es que se eliminen las restricciones a la Fuerza Aérea Argentina para que se le permita que aplique el poder necesario sobre el invasor, finiquitando la impunidad de la que hoy se benefician los traficantes de drogas. Al día de la fecha, estas personas continúan comportándose como los dueños de nuestro cielo y siguen regenteando las más de 1.500 pistas clandestinas que tapizan el norte de nuestro país.
Sirve recordar que, en el año 1992, Alberto Lestelle -desde su rol como Secretario de Estado en SEDRONAR (Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico) llevó adelante operaciones de similares características en el NOA (Noroeste Argentino) con la Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y la valiosa colaboración de las policías provinciales. Este trabajo dio lugar a la intercepción de aeronaves, pero fue oportunamente desarticulado por las "denuncias" del hoy kirchnerista Horacio Verbitsky en el diario Página 12; se abortó, de esta manera, el control de nuestros cielos.
Nos entusiasmaron los anuncios en pos de la radarización de las fronteras nacionales pero, una vez que leímos la "letra chica", comprobamos que se repara en enormes gastos pero con una bajísima efectividad en intercepción. Sin existir normas para conducir al derribo de aeronaves ilegales, el "Escudo Norte" seguirá siendo inútil, y muy permeable.
Por Claudio Izaguirre, Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina
Piden reforzar la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe
El juez federal Otmar Paulucci reconoció que sólo se hacen operativos de baja magnitud contra pequeños distribuidores. Desde la provincia reconocen falta de personal y logística pero aseguran que se multiplicaron los allanamientos y la incautación de estupefacientes. La oposición pide una política integral contra las drogas
El debate público por la lucha contra el narcotráfico vuelve a instalarse en la provincia de Santa Fe. Y nuevamente a partir de las declaraciones de un juez federal. A las reiteradas advertencias de la magistrada Laura Inés Cosidoy, se suman ahora los dichos de su colega y compañero del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, Otmar Paulucci.
El letrado no sólo denunció la existencia de venta de estupefacientes “a domicilio”, sino que además resaltó que en Santa Fe no se realizan operativos de gran magnitud. “Sólo se han llevado a cabo operativos con distribuidores de barrio. Nunca investigaciones sobre grandes distribuidores ni operaciones de lavado”, expresó Paulucci en el programa De 12 a 14 de Canal 3.
El jefe de Drogas Peligrosas de Rosario, Alejandro Franganillo, salió a opinar de la cuestión y reconoció la “falta de recursos humanos y logística”. “Hace falta personal y se está equipando con los elementos necesarios a las dependencias encargadas de los operativos y allanamientos”, expresó.
En tanto, el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca defendió la gestión de Binner en la lucha contra el narcotráfico. Sostuvo que en lo que va de 2008 “han aumentado los secuestros de estupefacientes y se han multiplicado los allanamientos”.
Además, Cuenca dio datos precisos: dijo que la incautación de cocaína se multiplicó por siete y que se triplicó el secuestro de marihuna en el territorio de la provincia
Fuente: http://www.rufinoweb.com.ar/informacion.asp?idq=18144
Lucha contra el tráfico de drogas y las economías del delito fueron los ejes de una nueva reunión del Consejo Provincial por la Seguridad
El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, encabezó, junto con los ministros de Seguridad, Álvaro Gaviola; de Justicia y Derecho Humanos, Héctor Superti; y de Desarrollo Social, Pablo Farías, una nueva reunión del Consejo Provincial por la Seguridad - Nodo Rosario. Tal como se había solicitado en el último encuentro, realizado en el pasado 31 de marzo, en esta oportunidad se incorporaron representantes de la Justicia Federal, con quienes se intercambiaron ideas en torno al problema de la inseguridad en general, pero en particular sobre el abordaje del tráfico de estupefacientes, en el cual ese fuero tiene competencia casi absoluta
También participaron los secretarios de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi; de Seguridad Comunitaria, Enrique Font; y de Control, Facundo Paschetto. Asimismo, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Fernando Asegurado; el jefe de Policía de la provincia, Osvaldo Toledo; el jefe de la Unidad Regional II, Cristian Sola. Además, representantes de la Asociación Empresaria de Rosario, el Colegio de Abogados, el Foro Regional Rosario, universidades, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional Región II, entre otras instituciones. Tras la reunión realizada en el salón Blanco de la sede Rosario de la Casa de Gobierno, Ghirardi remarcó la importancia de la presencia de los fiscales federales Liliana Bettiolo y Marcelo Bailoque a la hora de explicar a los integrantes del Consejo cómo se están llevando a adelante los operativos contra el narcotráfico y el diagnóstico de la situación. “Aunque no se habló sobre causas específicas, creo que esta reunión fue un avance y la conclusión es que tenemos que seguir articulando acciones con el gobierno nacional y con las fuerzas de seguridad nacionales con relación a los operativos y el accionar en conjunto contra el tráfico de drogas, porque no se puede pensar en luchar contra el narcotráfico desde una provincia en forma aislada. Aquí hay que hacer un fuerte trabajo sobre las fronteras de Argentina, que son muy permeables, no sólo las terrestres sino también las fluviales y el espacio aéreo, que sólo tiene un 15 por ciento radarizado”, detalló Ghirardi. Por su parte, los representantes de la sociedad civil señalaron su preocupación por los hechos de inseguridad ocurridos en el último mes en Rosario, aunque coincidieron, a la vez, en que mejoró el trabajo de la Policía. Asimismo, plantearon su preocupación por los casos de las personas que quedan en libertad tras la comisión de un delito. En ese sentido, el ministro Superti dijo que “hay estadísticas positivas de los últimos tres años en relación a quienes salen de la cárcel, sobre cómo salen y qué se hace por esa persona que estuvo aislada de la sociedad”. Al respecto destacó los talleres que están funcionando en el Irar y en el Servicio Penitenciario provincial. “Muchas personas que salieron de la cárcel accedieron a microemprendimientos de la provincia”, destacó. ESTADÍSTICAS Y OPINIONES Desde la Jefatura de Control de Adicciones de la Policía provincial se brindó un informe detallado que indica que entre 2008 y 2011 se incautaron en la provincia 560 kilogramos de cocaína, mientras que entre 2004 y 2007 se habían secuestrado sólo 60 kilogramos. La misma tabla comparativa, pero referida a la incautación de marihuana, indica 12.900 kilogramos contra 3.200. Y en relación a armas de fuego, 346 contra 127. Al respecto, la fiscal Bettiolo indicó: “Hoy ya no encontramos quioscos donde se vendan drogas sino bunkers, que en muchos casos son atendidos por menores o discapacitados”. Al mismo tiempo, admitió que en el tema narcotráfico “las investigaciones llegan a un punto en que comienzan a complicarse; cuando más vamos subiendo más complicaciones encontramos”. Como un balance general, Ghirardi expresó: “Me voy satisfecho de la reunión en el sentido de que hay un reconocimiento de los vecinos y las instituciones presentes de que la Policía está actuando aunque también coincidimos que muchas veces no alcanza, por eso hay que trabajar más coordinadamente con los gobiernos locales, con otras fuerzas de seguridad y darnos estrategias más innovadoras”. Por su parte, el ministro Bonfatti ratificó que “la respuesta a la inseguridad es integral. Por un lado, está la aplicación de nuevas tecnologías, pero también hay que bajar el nivel de violencia, abordar el tema de los jóvenes en conflicto con la ley penal, brindar salidas laborales a aquellas personas que cumplieron su condena en las cárceles, ver cómo podemos darles contención también desde la actividad privada”. Sobre el final del encuentro, las autoridades del Ministerio de Seguridad proyectaron cortos publicitarios preliminares y cartelería que formarán parte de una futura campaña contra las economías del delito, que, en este caso, apela a la responsabilidad de cada uno ante la posibilidad de compra de elementos robados.
Fuente: http://www.agenciafe.com/noticias/val/164832/lucha-contra-el-tr%C3%A1fico-de-drogas-y-las-econom%C3%ADas-del-delito-fueron-los-ejes-de-una-nueva-reuni%C3%B3n-del-consejo-provincial-por-la-seguridad.html
“Despenalizar el consumo para combatir el narcotráfico”
En el marco de la campaña “Despenalizar el consumo para combatir el narcotráfico”, la diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur Victoria Donda, visitará la ciudad de La Plata el próximo viernes 10 de junio, donde presentará su proyecto de ley con el que intenta despenalizar el consumo personal de drogas.
La actividad -organizada por Libres del Sur y el Movimiento Sur- se llevará adelante desde las 17.30 en el Auditorio de la Facultad de Bellas Artes (sede central), ubicado en diagonal 78 y Plaza Rocha. La jornada contará con la presencia del director de la revista THC Sebastián Basalo, y su par de la revista Barcelona Pablo Marchetti. La exposición será coordina por el dirigente local, Pablo Pol Crisóstomo.
La sociedad argentina comenzó a desnaturalizar temas muy arraigados en nuestra cultura y que implican cambios subjetivos para la vida de las personas, como el matrimonio del mismo sexo; la decisión de la mujer sobre el propio cuerpo; tratar la violencia de género; y la despenalización de consumo y el autocultivo.
La ley vigente no hace otra cosa que bloquear las investigaciones y la lucha contra el narcotráfico, en complicidad con otras instituciones como la policía y el poder político, quienes siguen criminalizando a consumidores, adictos, a la juventud y la pobreza.
El 70 por ciento de las causas por drogas son por consumo personal, el 29 por ciento por tenencia simple y solamente el 1 por ciento por narcotráfico.
En tanto, al año se abren unas 13 mil causas por droga, de las cuales el 75 por ciento logra el sobreseimiento, lo que le cuesta al Estado 135 millones de pesos.
Asimismo, se abren el doble de causas por consumo y tenencia simple que por comercialización y en el último año sólo en 3 causas se comprobó que fehacientemente estaban ligados a la comercialización directa.
En la actualidad, el estado le da la espalda y prefiere lavarse las manos criminalizando a los consumidores, cuando en realidad lo que debe buscar la ley es penalizar a aquellos que la venden, en el marco de un negocio millonario
Fuente: http://www.novalaplata.com/nota.asp?n=2011_6_10&id=26620&id_tiponota=4
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